Los usuarios de energía eléctrica pasaron de pagar el 22% del costo del servicios (con un 78% de subsidios) en enero de 2024, al 60% en febrero de 2025 (con solo un 40% de subsidios), según precisó en diálogo con Ámbito el economista Julián Rojo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).
En que los subsidios a la electricidad se redujeron en un 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2024, respecto al año previo, según estimaciones el economista Nicolás Gadano de Empiria.
En este mismo período, los precios de las tarifas de luz se incrementaron casi 270% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) frente a una inflación de 117,8% interanual.
El aumento del servicio de electricidad quedó muy por encima al de los salarios, solo crecieron 137,7% con una gran dispersión entre sectores registrados (que incluye públicos y privados), así como de los informales.
«El aumento de cobertura de la demanda de energía se explicó por el aumento de tarifas, algo ayudado por la apreciación cambiaria entre enero de 2024 y enero de este año, es decir, los costos en dólares promedio del sistema eléctrico son más o menos similares, pero el precio que paga la demanda en dólares es muchísimo más alto», mencionó Gadano.
En ese lapso, las tarifas aumentaron 268% en el AMBA, según el observatorio de servicios públicos del IIEP. Además, el gas natural subió un 531%, el transporte un 601% y el agua un 331%. Esto da como resultado que, en promedio, la canasta de servicios públicos del Gran Buenos Aires trepó un 402%.
Por su parte, durante 2024 los salarios registrados crecieron 137,7% frente a una inflación de 117,8%, lo que implicó una mejora del 9% en términos reales, aunque entre los privados y los públicos hubo una fuerte disparidad. Los primeros se recuperaron un 13,7%; mientras que los haberes de los empleados estatales solo se incrementaron un leve 0,7%.
Sin embargo, frente a noviembre 2023 (previo al inicio del gobierno de Javier Milei) el promedio de los salarios registrados cayó 5,14%, lo que se explicó por la pérdida de 15,3% del poder adquisitivo de los empleados públicos, mientras que los privados se recuperaron apenas un 0,6% real.
Fuente: Ambito Financiero
